El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ), reunido en su Salón de Sesiones, emitió este lunes, 22 de junio, una resolución oficial en la que acordó suspender de manera inmediata el registro del personal docente, administrativo y obrero de esta casa de estudios en el denominado «Sistema Vitae APN».
La medida, respaldada por la rectora de la institución, Dra. Judith Aular de Durán, y la secretaria encargada, Dra. Dixora Gómez Salazar, se fundamenta en un análisis detallado sobre los riesgos laborales, legales y constitucionales que dicho sistema informático centralizado representa para la comunidad universitaria y la autonomía institucional.
De acuerdo con el documento emitido por las autoridades rectorales, la decisión responde a cuatro consideraciones críticas detectadas en el funcionamiento del «Sistema Vitae APN»:
- Rigidez laboral y control biométrico: El Consejo advierte que el sistema promueve una marcada rigidez laboral al implementar mecanismos de control basados en el reconocimiento facial. Señalan que esta tecnología penaliza la metodología flexible indispensable para la docencia, e interfiere de forma directa con la realización de asambleas sindicales y actividades de protesta legítimas.
- Riesgo en la progresión académica: El texto detalla que existe una discrecionalidad en la validación de títulos y competencias dentro de la plataforma. Esto introduce el riesgo de que criterios ajenos a lo estrictamente académico interfieran en la aprobación de ascensos, clasificaciones y reconocimientos, afectando especialmente el desarrollo de profesionales que mantengan posturas críticas.
- Manejo de datos extremadamente sensibles: Las autoridades alertaron sobre el peligro latente en materia de privacidad, dado que el sistema manejaría datos personales confidenciales y biométricos. Esto representa un riesgo regulatorio por el posible cruce de información con otras bases de datos estatales para ser utilizadas como mecanismos de presión social y laboral.
- Violación a la autonomía universitaria: Finalmente, el cuerpo universitario concluyó que la suma de estos factores conduce a una vulneración directa de la autonomía universitaria administrativa y financiera consagrada por la ley, al despojar a las universidades de su capacidad autónoma para decidir y gestionar directamente sus propias nóminas de personal.
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