El debate sobre quién tiene derecho a ser considerado ciudadano estadounidense ha vuelto al centro de la agenda política y judicial de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump formalizó su intención de solicitar a la Corte Suprema de Justicia una revisión exhaustiva del fallo histórico que garantiza la ciudadanía automática por nacimiento. Esta prerrogativa, consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución desde 1868, estipula que cualquier persona nacida en el territorio de los Estados Unidos está sujeta a su jurisdicción y es, por consiguiente, ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El argumento central de la propuesta de Trump se basa en una reinterpretación del espíritu original de la ley. Según el mandatario, la enmienda fue redactada tras la Guerra Civil con el único propósito de otorgar derechos jurídicos y protección a los hijos de los esclavos afroamericanos liberados, y no para amparar lo que califica como "turismo de nacimiento" o el asentamiento de familias inmigrantes en situación irregular. Trump sostiene que la interpretación actual de la Corte Suprema es un error histórico que fomenta la inmigración ilegal y beneficia a extranjeros con altos recursos económicos que viajan exclusivamente a dar a luz en suelo norteamericano.
Las implicaciones legales y el impacto demográfico de la medida
De lograr su cometido, la eliminación del derecho de suelo (jus soli) transformaría radicalmente el sistema migratorio y civil de los Estados Unidos. Juristas y expertos constitucionales señalan que un cambio de esta magnitud requeriría, en teoría, una reforma constitucional aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por las tres cuartas partes de los estados, un escenario políticamente complejo. Sin embargo, la estrategia de la defensa de Trump apuesta por una orden ejecutiva directa que obligue a las agencias federales a negar pasaportes y números de Seguro Social a los hijos de padres indocumentados, forzando así a que la Corte Suprema —actualmente de mayoría conservadora— revalúe el precedente legal establecido en 1898 con el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark.
El impacto demográfico y social de una medida de este tipo sería inmediato. De acuerdo con datos de centros de investigación como el Pew Research Center, cientos de miles de niños nacen anualmente en Estados Unidos de padres sin estatus legal. Si se revoca la ciudadanía automática, estos menores pasarían a un estado de apatridia (La definición legal internacional de apátrida según ACNUR es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”) o heredarían la irregularidad migratoria de sus progenitores, lo que limitaría su acceso a servicios públicos esenciales como educación superior, salud y empleo formal. Mientras los sectores que apoyan a Trump defienden que esto frenaría el "efecto llamada" de la migración y aliviaría las arcas públicas, los defensores de los derechos civiles advierten que crearía una subclase permanente de residentes sin derechos, profundizando la brecha social en el país.
Luis Miguel Flores
Con información de: Cnn en español/ Elpais.com
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