Parece que nos acercamos a un nuevo descalabro con el tema del aumento salarial a los trabajadores del sector público. Todo indica que las expectativas surgidas ante un cambio de rumbo al que llaman “transición”, rodarán por suelo una vez más. Los recuperados ingresos de la industria petrolera servirán para otros menesteres, menos para aliviar el miserable bolsillo de la casi extinta clase media de a pie.
Según el parecer de los "expertos" es imposible otorgar un aumento salarial digno a los empleados del Estado. Recomiendan seguir el sistema de los bonos de guerra cancelados a través de la plataforma digital patria, con aumentos pírricos esporádicos. Reconocen que los salarios se han difuminado. Ya no existen. Quienes devengaban tres mil dólares hasta el año 2012, hoy en día no ganan nada, sus remuneraciones están en cero. Es la absurda realidad.
En sus elucubraciones, los “expertos” afirma que los empleados públicos entre activos y jubilados suman más de nueve millones, contando médicos, docentes, y todo el personal de los diferentes organismos y ministerios. ¿Son el 36% de la población que vive en el país? Acotan los versados economistas, que un aumento salarial de solo cien dólares consumiría los recursos habidos y por haber.
La historia es corta. Hasta el año 2012 los sueldos se mantenían firmes junto a todos los beneficios contractuales referidos a la seguridad social. Había acceso a cupos CADIVI hasta de tres mil dólares. Pese a la crisis mundial de 2008 y el desplome de los precios del petróleo, el país se tambaleaba, pero seguía en pie.
La debacle del salario ocurrió en el lustro 2013-2017, el mismo tiempo que bastó para la destrucción total de la economía venezolana. Finalizaron ochenta años de crecimiento y desarrollo continuos desde el reventón del Barroso II en 1922, hasta el nefasto paro petrolero de 2002 dirigido por “Gente del Petróleo”. La fracasada huelga nacional, facilitó el control, apropiación y saqueo de la ya autodestruida industria petrolera en los siguientes diez años.
En 2022 se efectuó el último aumento salarial y el ingreso mínimo quedó en ciento treinta bolívares equivalentes para entonces a treinta dólares. Los estipendios del sector público fueron reducidos al extremo por una “podadora” denominada ONAPRE, que acabó con las conquistas contractuales. El dólar se cotizaba en 4,3 bolívares, de modo que mil bolívares equivalían a doscientos treinta y dos dólares y cien bolívares eran veintitrés dólares.
A partir de ese momento, a pesar de que los salarios no representaban ni el 50% de 2012, la hiperinflación fue consumiendo el valor del bolívar hasta llevarlo a cero en la actualidad. Y eso que CHEVRON comenzó operaciones en el mismo año y el gobierno se ufanaba de alcanzar un crecimiento del PBI anual por encima del 5%. Todos esperaban otro ajuste salarial que nunca llegó. Durante estos años, los “expertos” no hicieron nada, salvo acomodar sus asientos.
Ahora que la producción petrolera está en franca recuperación, es factible volver, a corto o mediano plazo, al esquema salarial de hace catorce años atrás. Solo falta priorizar las necesidades básicas urgentes del país, cuales son, educación y salud. Un docente y un médico no pueden seguir trabajando sin salario nominal, remunerados con un mendrugo a través del humillante bono de guerra que iguala los ingresos de trabajadores calificados, con los no calificados.
Venezuela vive un periodo de transición en rol de tutelaje y, por tanto, las medidas llamadas a estabilizar la economía deberían atender la emergencia social. En ese rango entra la dolarización para los trabajadores del Estado, puesto que la empresa privada paga sus recursos humanos en dólares convertidos en bolívares. Todos los comerciantes formales e informales ofertan en dólares. Venezuela está dolarizada, solo faltan los empleados públicos.
La solución de justicia es remunerar en dólares los sueldos cercenados en 2022. Esos pagos nominados en bolívares que dieron origen al lema “Venezuela se está arreglando”, deben realizarse en dólares, en moneda fuerte o en bolívares indexados. Quienes hoy devengan mil bolívares mensuales desde 2022 (dos dólares al cambio actual) y el patrono le deposita en bolívares ciento sesenta dólares en la plataforma patria, pasarían a ganar mil dólares en 2026 y se diría adiós al bono de guerra y a la fábrica de bolívares inorgánicos que produce inflación descontrolada. Los jubilados del Seguro Social cobrarían ciento treinta dólares.
Esto se logra con la administración pulcra de las exportaciones petroleras para evitar todo indicio de despilfarro y corrupción. Es preciso realizar una científica e imparcial depuración de las nóminas del Estado en sus tres niveles, para reducir al menos, tres millones de cargos innecesarios. Las nóminas de los organismos públicos están repletas de empleados fantasmas, parásitos, sin calificación, que no prestan servicios en ninguna parte, están allí para acceder a un bono de guerra.
Esta fórmula, que no reivindica los verdaderos salarios del pasado, serían un aliciente para los arruinados empleados públicos, y un incentivo para la economía nacional, al propiciar un mayor dinamismo en el mercado. Con tan poco circulante, no habrá desequilibrio entre la oferta y la demanda. La mayoría de los trabajadores del Estado, ganan menos de quinientos bolívares al mes. Los nuevos recursos serán absorbidos como esponjas por la reseca capacidad de compra de estos asalariados.
No generarán inflación como no la generan las camionetas de alta gama y los mil millonarios lujos de los nuevos ricos. Si los números no cuadran entre ingresos y egresos, se hará imprescindible una reforma estructural del Estado. Nadie quiere vivir eternamente en la pobreza socialista, que es el enfoque de los bonos de guerra.
Con el tema de la dolarización los “expertos” echan el grito al cielo: “es atentar contra la soberanía de la Nación”. Sin embargo, en Ecuador y Panamá la dolarización resultó exitosa, a tal punto que el izquierdista Rafael Correa gobernó durante diez años sin cambiar el signo monetario, mientras en Panamá un Balboa equivale a un dólar. Cuando la bandera cubana sea arriada del frontis de nuestra tragedia reciente, podremos hablar de soberanía y neocolonialismo.
Los venezolanos de a pie no envidian nada a nadie, solo exigen recuperar sus derechos a trabajos dignos, ingresos justos, oportunidades y movilidad social. Si Venezuela es rica por los recursos de su subsuelo y está tutelada por los EE. UU. (sin corrupción), sobrarán dólares para que todos ganen altísimos salarios.
