Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el territorio venezolano en un intervalo breve, con epicentro en una de las zonas más expuestas del eje costero-norte. Más allá del impacto inmediato, el evento reabre una discusión de fondo: la relación entre riesgo natural conocido y vulnerabilidad institucional acumulada.
Venezuela está atravesada por fallas activas —entre ellas Boconó, San Sebastián y El Pilar— ampliamente documentadas. Esto no convierte los terremotos en sorpresa, sino en eventos previsibles en un país con amenaza sísmica permanente. Sin embargo, esa previsibilidad no ha estado acompañada por políticas sostenidas de prevención ni por inversión consistente en infraestructura de protección.
El resultado es un país donde la vulnerabilidad no es accidental: es acumulada.
El impacto sobre el sistema de salud lo confirma. Diversos reportes han señalado deterioro progresivo de infraestructura hospitalaria, déficit de ambulancias, limitaciones en equipos de trauma y fallas eléctricas recurrentes. En ese contexto, un sismo de gran magnitud no activa un sistema de respuesta: lo desborda de inmediato.
Pero lo más grave no es solo la debilidad del sistema. Es la ausencia del Estado en el momento crítico. No se trata de una respuesta tardía, sino de una presencia prácticamente inexistente en las primeras horas. La Guardia Nacional no aparece en labores de rescate de forma organizada.
Los diversos cuerpos policiales tampoco aparecen efectivamente en las zonas más afectadas.
Los rescatistas y bomberos trabajan en condiciones extremas: sin equipos adecuados, prácticamente sin linternas, con herramientas mínimas frente a escenarios de derrumbe complejos. En muchos casos, improvisan con lo poco disponible, enfrentando una magnitud impensable de un desastre que supera enormente la pobre capacidad de respuesta.
Mientras tanto, fueron los propios ciudadanos quienes asumieron las primeras tareas de rescate. Vecinos removiendo escombros con palas, picos y manos. Familias buscando sobrevivientes entre ruinas. La primera respuesta fue civil, espontánea y solidaria, convertida en la única línea efectiva de acción en las primeras horas en medio de la desesperación.
Con el paso del tiempo comenzó a ingresar ayuda internacional, recibida como la única esperanza frente a incapacidad y la saturación del sistema local Esa asistencia no funciona como complemento, sino que está funcionando como soporte indispensable.
El sistema de rescataste de los bomberos operó con limitaciones severas. La falta de ambulancias complicó traslados críticos y la atención de heridos. La emergencia expuso no solo debilidades, sino un agotamiento estructural del sistema de respuesta.
En la región existen referencias claras de gestión del riesgo sísmico que contrastan con esta realidad.
Chile ha desarrollado durante décadas una institucionalidad de emergencia con capacidad de respuesta rápida, protocolos de evacuación y una cultura de prevención sostenida. México, tras los sismos de 1985 y 2017, fortaleció su sistema de protección civil, la coordinación comunitaria y los mecanismos de alerta temprana, integrando Estado y sociedad civil en la respuesta . En ambos casos existe una arquitectura de prevención construida con inversión y aprendizaje institucional para lograr salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible.
El contraste con Venezuela no es solo técnico: un país con ingresos petroleros significativos no ha desarrollado una capacidad equivalente de prevención ni respuesta, en gran medida por el desvío sistemático de recursos, la corrupción y la ausencia de una política sostenida de protección civil.
Los terribles terremotos no solo produjeron un desastre natural, sino que reveló un segundo nivel de crisis: un Estado incapaz, fragmentado y ausente cuando más se necesita. Un desastre dentro de otro desastre.
El terremoto no crea la fragilidad: la revela. Y lo que deja al descubierto no es solo una emergencia, sino una deuda prolongada con la infraestructura, la planificación y la protección efectiva de la vida en un país donde la solidaridad ciudadana y la ayuda internacional terminan sosteniendo lo que el gobierno ineficiente e incapaz no logra garantizar.
Por Luz Neira Parra
Noticia al Día
