El próximo 26 de abril entrarán en vigor en El Salvador las reformas constitucionales que permiten sentenciar a prisión perpetua a menores de edad a partir de los 12 años. La medida, publicada recientemente en el Diario Oficial tras su aprobación en la Asamblea Legislativa, marca un nuevo endurecimiento en las políticas de seguridad del país centroamericano.
Los diputados establecieron que la prisión perpetua se aplicará a quienes sean condenados por delitos de homicidio, feminicidio y violación. Para ejecutar este cambio, fue necesario modificar el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Orgánica Judicial, transformando los juzgados de menores en tribunales de lo criminal para procesar estos casos.
La reforma ha encendido las alarmas a nivel global. El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF expresaron su “profunda preocupación”, señalando que la detención de adolescentes debe ser el último recurso y que el sistema debe priorizar la rehabilitación.
Asimismo, la ONU instó a las autoridades a revisar estos cambios por considerarlos contrarios a las normas internacionales. Por su parte, el Gobierno de Nayib Bukele ha mantenido silencio ante estos llamados, aunque en ocasiones anteriores ha fustigado a los organismos internacionales por considerar que defienden los derechos de los delincuentes.
El Salvador bajo régimen de excepción
Estas nuevas penas se suman al estado de emergencia vigente desde 2022, que ha resultado en la detención de más de 90.000 personas. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que entre los detenidos bajo este régimen ya se encuentran menores de edad, exigiendo juicios justos y el fin de las detenciones arbitrarias.
Pese a los cuestionamientos, el Gobierno salvadoreño defiende estas acciones señalando la drástica reducción de la violencia y las tasas de homicidio, factores que le otorgaron a Bukele una victoria electoral con más del 80% de los votos en febrero pasado.
Noticia Al Día / Con información de CNN
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