La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que en la noche del domingo fue deportado el periodista español Lautaro Bernat, luego de ser detenido el mismo día cuando cubría una manifestación en Quito contra medidas aplicadas por el Gobierno ecuatoriano.
Según la Inredh, tanto la detención como la deportación estuvieron plagadas «de irregularidades y violaciones al debido proceso».
Detallaron que Bernat «fue interceptado sin que se le informaran las causas de su detención, se le negó comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de su deportación».
Además, afirmó que se trata de un «grave atentado» contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco del Paro Nacional 2025.
A su vez, la organización Fundamedios rechazó la medida y aseveró que «constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, el derecho a informar y el principio democrático de transparencia. Criminalizar y expulsar a un periodista por su trabajo coloca a Ecuador en una peligrosa ruta de censura y autoritarismo».
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre el tema e indicó que la deportación se basó en un informe «de carácter privado».
Desde el inicio del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, Bernat estuvo cubriendo las movilizaciones y realizaba transmisiones en vivo desde sus redes sociales.
Las protestas se han extendido por varias provincias con bloqueos de vías y marchas, que han sido reprimidas por la fuerza pública. A esto se suma que el sábado el Gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
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