El costo social del conflicto venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos.
En Venezuela las víctimas más numerosas del largo conflicto político son casi 8 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida, debido a los errores de política económica que causaron la contracción del aparato productivo, la destrucción de empleos y una persistente inflación que disolvió el poder adquisitivo de los hogares.
Esta problemática fue agravada por las sanciones económicas que deterioraron aún más las precarias condiciones de vida y atizaron la incesante migración de venezolanos azotados por el desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la exclusión social.
La mayoría de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia laboral que representan para los trabajadores locales, y por la carga adicional que ejercen sobre los servicios públicos y sociales de los países receptores.
Esto genera creciente tensiones con los países en los que se concentra la migración venezolana. La segunda Administración de Donald Trump se ha ensañado contra los migrantes venezolanos, estigmatizándolos como miembros de la banda criminal denominada El Tren de Aragua y ha iniciado una deportación masiva de migrantes sin papeles, acusándolos de “envenenar la sangre de EEUU”.
Centenares de migrantes venezolanos han sido enviados a las cárceles de Guantánamo y El Salvador, creando un clima de angustia y terror en cientos de miles de venezolanos que se quedaron sin la protección del TPS y del parole humanitario. La migración no es un crimen sino un derecho humano.
Los millones de migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto violento en otros países. Para estimular su retorno voluntario y facilitar su reinserción productiva, a los refugiados se les adjudicaron tierras y se les apoyó con créditos y asistencia técnica.
Antes de ser encarcelados en Guantánamo o en El Salvador, muchos migrantes venezolanos están dispuestos a regresar al país si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener a sus familias.
Una solución digna para los migrantes debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores. En vez de seguir criminalizando y estigmatizando al gentilicio venezolano, la Administración Trump puede acordar con el gobierno de Nicolás Maduro una serie de incentivos para la repatriación voluntaria y ordenada de migrantes venezolanos.
Al financiamiento de este programa se pueden destinar los siguientes recursos que están bloqueados y congelados debido a las sanciones contra Venezuela:
En 2022 Citgo, generó ganancias netas por $ 2.800 millones, en 2023 reportó $ 2.000 millones, y solo en el primer semestre de 2024 sumó $ 400 millones más, para un gran total que supera los $ 5.000 millones en ganancias netas, pero que están retenidas debido a las sanciones económicas contra Venezuela.
Derechos Especiales de Giro (DEG) por un monto de $ 5.100 millones asignados a Venezuela, pero que también permanecen retenidos en el FMI.
Más de $ 1.200 millones de dólares en reservas del Banco Central de Venezuela retenidas por el Banco de Inglaterra. Son más de $ 11.000 millones que pertenecen a la República de Venezuela, un volumen de recursos más que suficiente para financiar un programa selectivo, voluntario y ordenado de repatriación de migrantes, comenzando por los de mayor calificación técnica y profesional que sobreviven en EEUU desempeñando otros oficios, mientras que Venezuela los necesita para su recuperación y reconstrucción.
Las negociaciones directas entre Washington y Caracas pueden acordar que la OFAC proteja a Citgo del remate, siempre y cuando sus ganancias se destinen a la creación de un Fondo para la Repatriación de Migrantes Venezolanos en EEUU, cuyos rendimientos serían destinados a financiar los siguientes incentivos:
Asignación de 500 $/mensual por un año (costo de la canasta alimentaria) para la repatriación de 50.000 profesores, maestros y médicos.
Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda y para el equipamiento del hogar.
Becas para hijos de repatriados en educación primaria, media y superior.
Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.
Créditos en condiciones preferenciales de montos, plazos y garantías para emprendimientos productivos.
Exoneración de impuestos sobre la renta por tres años. Para garantizar la transparencia y buen uso de los recursos, la administración y gestión del Fondo se hará con la activa participación y supervisión de organismos internacionales.
La repatriación ordenada y digna de la migración venezolana en EEUU tiene viabilidad financiera, lo que hace falta es voluntad política.
Víctor Álvarez
