La Corte Suprema dio luz verde este lunes, 19 de mayo al Gobierno de Donald Trump para acabar con el Estatus de Protección Especial (TPS, por sus siglas en inglés) que protege de la deportación a más de 350 mil inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
El tribunal, de mayoría conservadora, aprobó una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para seguir adelante, mientras el caso se litiga en los tribunales, con su revocación de la decisión tomada a finales de su mandato por el expresidente demócrata Joe Biden para extender esta protección temporal.
La breve nota difundida este lunes por la corte señalaba que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson se oponía a la decisión. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen de la Corte Suprema abre la puerta a la deportación de miles de inmigrantes.
En 2021
Como consecuencia de la inestabilidad política en Venezuela, Biden decidió en marzo de 2021 que los ciudadanos venezolanos podían acogerse al TPS en el marco de un programa federal que existe desde 1990 para proporcionar ayuda humanitaria a personas procedentes de países asolados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.
Las personas aceptadas en el programa tienen estatus legal en el país y pueden obtener autorización de trabajo durante un máximo de 18 meses, sujeto a prórrogas.
Lo que estaba en juego ante la Corte Suprema era una designación posterior realizada en octubre de 2023 y prorrogada en enero, justo antes de que Trump asumiera el cargo. Está previsto que expire en octubre de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, trató de anular esas determinaciones, lo que significa que las protecciones expirarían este año.
Un juez en el Distrito Norte de California bloqueó la medida, citando preocupaciones de que la decisión se basó en parte en la animadversión racial.
El procurador General, D. John Sauer, escribió en la solicitud de emergencia de la Administración que los tribunales no podían revisar la decisión de Noem.
“La orden del tribunal contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la policía de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, de ritmo rápido y discrecional”, dijo.
La Alianza Nacional de TPS y venezolanos por su cuenta desafiaron la medida en los tribunales.
Sus abogados escribieron que la Administración Trump estaba esencialmente tratando de evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus propios poderes.
“Debería ser irrelevante que los tribunales federales digan cuál es la ley”, agregaron.
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Noticia al Día/Con información de Noticias Telemundo/NBC
