La empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos podría quedar inhabilitada para operar en Colombia a partir de finales de junio, debido al vencimiento de la licencia que le otorgó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de las sanciones impuestas contra Venezuela.
Desde 2019, Monómeros estuvo sujeta a restricciones por parte de Washington. No obstante, una licencia especial permitió a la compañía continuar comercializando fertilizantes y productos químicos, además de realizar transacciones financieras. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el caso señalan a la Agencia Bloomberg que la renovación de ese permiso no está contemplada, lo que dejaría a la empresa al margen del sistema financiero internacional.
La situación genera preocupación en sectores productivos colombianos. Monómeros es responsable de aproximadamente el 28% de los fertilizantes utilizados en Colombia, por lo que una interrupción en sus operaciones afectaría principalmente a los pequeños agricultores que han accedido a insumos subsidiados por Venezuela. Además, la empresa produce alimentos para animales y compuestos industriales como sosa cáustica y ácido fosfórico, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.
El Gobierno venezolano ha evaluado la posibilidad de vender Monómeros, pero esta decisión ha sido cuestionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien habría enviado una carta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, solicitando reconsiderar la privatización, advirtiendo que la medida podría encarecer los productos agrícolas tanto en Colombia como en Venezuela.
A esta incertidumbre se suma el proceso abierto por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que en noviembre de 2024 anunció una actuación administrativa para someter a Monómeros al grado de supervisión denominado “control”. Según explicó la Supersociedades, se trata del nivel más alto de vigilancia preventiva con el objetivo de proteger a la empresa como unidad productiva y fuente de empleo.
La posible salida de Monómeros del mercado colombiano no solo tendría implicaciones económicas para ambos países, sino que también representa un nuevo capítulo en la compleja relación entre las sanciones internacionales y la estabilidad de empresas binacionales en la región.
Banca y Negocios/Bloomberg